El fiscal Anticorrupción y Penal Económico Nº 1 de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, elevó a juicio la causa en la que acusa de defraudación por administración fraudulenta al actual intendente de Monte Cristo, Fernando Gazzoni, y a siete familiares con los que comparte una conocida empresa agropecuaria de la zona.
La causa parte de un contrato que finalizó en el 2012. Junto con el intendente, están imputados por igual delito Andrea Paola Gazzoni, Celso Nazareno Gazzoni, Dante Nelson Gazzoni, Edgardo Pablo Gazzoni, Horacio Miguel Gazzoni, Leonardo Daniel Gazzoni y Omar Horacio Gazzoni. (Ver El intendente se defiende tras acusación contra Gazzoni SRL)
La elevación a juicio ya fue objetada por las defensas de los imputados, por lo que ahora deberá resolver un juez de Control.
Los ocho acusados integran la firma Miguel Gazzoni e Hijos SRL, que se dedica a la compraventa de mercaderías relacionadas con el agro y también con la construcción y ramos afines. El objeto social se satisface con la siembra y explotación de granos en campos que arriendan, además del acopio de semillas propias y de otros productores de la región. La familia tiene un conglomerado de empresas que se complementan entre sí.
Según la acusación, durante años la firma gozó de un prestigio señero en la zona. Numerosos clientes le arrendaban sus campos, en ocasiones a cambio de granos. También le acopiaban su producción, que luego le era rendida oportunamente.
Según publicó La Voz, uno de esos clientes era El Regreso SA, de Margarita Papalini y sus hijas Mónica y Andrea Campo, quienes tuvieron un vínculo comercial de 20 años. Le arrendaban su tierra a una de las firmas de Gazzoni y cobraban en granos que eran guardados por la acopiadora del mismo grupo. Pero todo se cortó cuando quisieron hacerse del cereal y no se lo entregaron. Tras una y otra dilación, reclamaron dos mil toneladas de semillas, lo que terminó en una causa penal.
La relación contractual se sostuvo hasta que en 2012 los Gazzoni fueron pidiendo postergaciones para pagar el alquiler y así se sucedieron varios diferimientos. En 2013 solicitaron un último aplazamiento, para presentarse de inmediato en concurso preventivo.
La denunciante Andrea Campo es representada por el abogado Matías Pueyrredón, quien sostiene que los Gazzoni actuaron de modo especulativo mientras demoraban el pago. Ahora, en el proceso en el fuero Anticorrupción, asegura que actuaron de modo dilatorio. El caso tiene otra vía abierta en en fuero Civil, con el concurso de acreedores.
El fiscal Bornancini tiene en la columna vertebral de la acusación una serie de medidas para desacreditar la existencia de tal plan canje. Figura un peritaje en el que participaron varios contadores y en el que quedó demostrada la falsedad del argumento, de acuerdo con lo que resolvió el funcionario judicial.
Pueyrredón sostiene que “hasta el mismo contador de Gazzoni” estuvo de acuerdo con el dictamen pericial referido al plan canje que no existió.
