El Gobierno nacional confirmó que desde julio subirá las alícuotas para la soja, el maíz y otros cultivos. Productores y dirigentes del interior advierten por pérdidas millonarias y falta de coparticipación.
El anuncio del Gobierno nacional de restituir, a partir del 1° de julio, las alícuotas plenas en los derechos de exportación para soja, maíz, sorgo y girasol volvió a encender la alarma en el campo y en sectores políticos del interior. Desde Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo expresó su rechazo a la medida y advirtió que representa “un saqueo a los cordobeses”, al tratarse de un impuesto no coparticipable que deja fuera de reparto a las provincias y municipios.
“El campo es sin dudas un motor productivo para la Argentina, un sector clave para la generación de empleo y desarrollo para el interior. Y el Gobierno Nacional no deja de darle la espalda, una vez más”, publicó Calvo en sus redes sociales, apuntando contra la suba de retenciones que, según el oficialismo, busca reforzar la recaudación fiscal para cumplir con la meta de superávit primario.
¿Qué cambia a partir de julio?
Actualmente, la soja tributa un 26% de retenciones, pero volverá al 33%. El maíz y el sorgo pasarán del 9,5% al 12%, y el girasol del 5,5% al 7%. Solo el trigo y la cebada seguirán con alícuotas reducidas del 9,5% hasta marzo de 2026, medida que fue bien recibida por el sector, aunque no alcanza a compensar el impacto general.
Según estimaciones privadas, esta modificación implicará un ingreso adicional para el Estado de entre 900 y 1040 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de esa recaudación provendrá del complejo sojero, que concentra el 85% del total, según datos de la consultora AZ Group.
Pérdidas para los productores
El productor y exsecretario de Agricultura Néstor Roulet calculó que el regreso al esquema de retenciones previas representa una pérdida neta de 870 millones de dólares para el campo: 825 millones por soja y 145 millones por maíz. Por su parte, el trigo resultaría beneficiado con una mejora de 100 millones gracias a la continuidad de la tasa reducida.
Desde la Fundación Mediterránea también se encendieron las alertas. Un informe reciente advierte que el impacto en la rentabilidad de la producción de granos sería notable: entre un 11% y un 12% de caída en la zona núcleo, y hasta un 74% en zonas extra pampeanas, donde se registran menores rendimientos y mayores costos logísticos.
El campo, entre la incertidumbre y la presión
Mientras el Gobierno justifica la medida como parte de su estrategia fiscal, referentes del agro como Marcos Pereda, presidente del CICyP y vicepresidente de la Sociedad Rural, reclamaron señales claras: “Debemos avanzar en un esquema tributario que no castigue la inversión. El campo podría estar con un 40% más de producción”.
Las tensiones se agudizaron luego de que el presidente Javier Milei advirtiera que quienes tengan mercadería sin vender, la liquiden antes de julio. La frase fue tomada como una presión directa hacia los productores, aunque desde la Sociedad Rural aseguraron que el ritmo de comercialización actual es incluso mayor que el del año pasado.
Un debate que vuelve
El regreso de las retenciones reaviva una vieja discusión sobre el papel del Estado en la distribución de la renta agrícola. Mientras el Gobierno busca fortalecer su caja en un contexto de ajuste fiscal, el interior productivo reclama que esas cargas no vuelven en forma de inversión ni servicios. Como señaló Manuel Calvo, “es plata que no llega a la provincia y, por ende, tampoco a los municipios, quienes son los que brindan servicios y hacen obras”.
