La fiscal de Instrucción de Turno, Adriana Abad, suspendió la orden de desalojo contra los asambleístas que bloquean el ingreso al predio de Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas. La noticia fue vivida como un triunfo judicial y político por las organizaciones que permanecen apostadas en el lugar.
La orden de desalojo con la Policía había sido emitida el pasado 30 de noviembre por el fiscal Víctor Chiapero, quien le impuso a los ambientalistas un plazo de 24 horas para desolajor el lugar. La asamblea de Malvinas Argentinas bloquea a la multinacional de semillas transgénicas desde hace más de dos años, para evitar la instalación de la misma, a la que acusan de contaminar el ambiente y producir productos contaminantes. Chiapero había argumentado la necesidad del desalojo para «garantizar las normales actividades de Monsanto en el predio”.
La novedad se conoció ayer durante las últimas horas de la tarde, mientras organizaciones ambientales preparaban su marcha del viernes, en la ciudad de Córdoba, para “reafirmar el bloqueo y el acampe contra la multinacional Monsanto” y en “rechazo” a una orden judicial para que se libere el acceso a la planta industrial.
Hace más de un mes que los activistas prohibieron el ingreso de los vigiladores privados de la empresa Prosegur al predio y aunque la Justicia aprobó que estos trabajadores puedan ingresar para controlar el lugar, los ambientalistas no acataron esta orden.
La convocatoria a la movilización era para el viernes a las 18 en la zona del Arco de Córdoba, ubicado en avenida Amadeo Sabattini al 4.700 del barrio Empalme al sudeste de la capital de Córdoba, precisó Gastón Mazzalay, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Mazzalay recordó que “está en vigencia un recurso de amparo que se resolvió a nuestro favor, el cual ordena la suspensión de la obra civil (de la instalación de la planta) y del funcionamiento de la planta; por lo tanto no tenemos en claro para qué se ordena liberar el ingreso”. En ese sentido, precisó que el recurso de amparo fue resuelto el 8 de enero de 2014 por la Sala Segunda de la Cámara de Trabajo de la Provincia que prohíbe seguir con la construcción de la planta acondicionadora de semilla de maíz hasta tanto se apruebe un estudio ambiental.
“No es un hecho aislado que la orden de desalojo se emita en un momento en que los que los funcionarios ambientales de la Provincia, que en su momento aprobaron de manera ilegal el levantamiento de la planta de Monsanto hoy estén nuevamente en lugares estratégicos del organismo ambiental” provincial, observó Mazzalay.
Fuente: La Mañana de Córdoba.
