La funcionaria sigue trabajando fuerte en la Unicameral. Junto a la también legisladora radical Ana Ferrando, Verónica presentó un proyecto de resolución por el que solicitan al Poder Ejecutivo un informe sobre el funcionamiento de la entidad en cuanto a reajustes, coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014 hasta la fecha.” Hay casos que han llegado a judicializarse por el incumplimineto de Apross” señaló Gazzoni.
La Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) cuenta con 612 mil afiliados, y se constituye en la obra social de mayor envergadura de la provincia, dependiendo de ella 1 de cada 5 cordobeses. Del total de afiliados, 500.000 son obligatorios y el resto voluntarios, la mayoría vinculados con la Administración Pública Provincial, empleados de municipios y comunas y jubilados del sector público cordobés.
“Lo que incentiva a hacer este pedido de informe es que Apross nunca fue muy claro en transparentar números, aclarar cómo se paga, cuánto se paga, etc. Además hubo y hay casos, públicamente conocidos, en los que Apross no ha cumplido con la cobertura o la prestación en forma completa, llegando inclusive a judicializarse. Existen muchas falencias” expresó Verónica.
También explicó que a causa de los inconvenientes con los anestesistas muchas cirugías se dilatan, se reprograman, siendo el único damnificado el paciente o el beneficiario de esta obra social: “A su vez, en lo personal, nos toca desde mi oficina de trabajo recibir y receptar muchísimos pedidos en forma diaria de pacientes y beneficiarios que están teniendo algún tipo de demora o que no consiguen turnos o que en el interior no hay prestadores, teniendo nosotros tratar de agilizarlos teniéndonos que comunicar directamente con la dirección de Apross o auditores etc. Ese es un problema diario que tenemos y lo digo con conocimiento de causa ya que lo vivimos en forma permanentemente”.
La legisladora Ana Ferrando detalló que Apross cuenta con un presupuesto de $8.545.000 para 2017. Además, expresó que los reclamos administrativos y judiciales de los afiliados por problemas en las prestaciones de cobertura y reintegro, o por falta o defectuosa asistencia en temas que concierne a la salud en general, la discapacidad y las prestaciones por medicamentos, aumentan año a año.
“Gracias a Dios cuando realizamos éstas gestiones hemos tenido respuesta, logramos agilizar los trámites o soluciona los problemas. Lo triste es tener que llegar a esa instancia cuando en realidad debería funcionar en forma permanente y correcta sin tener que llamar a nadie” concluyó la legisladora del departamento Río Primero.
