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El Gobierno Nacional derogó 69 normas para fortalecer la competencia y mejorar el comercio

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En la jornada de este lunes se oficializó la eliminación de ciertos programa como Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, porque «promovían un rol intervencionista del Estado».

El Gobierno Nacional oficializó este lunes la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».

Dichas normativas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», según indicó la Secretaría de Comercio.

Al respeto, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, expresó a través de un comunicado que «el sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria».

Las derogaciones alcanzan a el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Además, se derogaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según el organismo, «estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país».

Por otra parte, se impulsó también la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando a que «ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional».

En ese marco, informaron que estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas.

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