El gobierno de Córdoba se comprometió mediante la firma de un acta acuerdo a expropiar los lotes. Al parecer, y si se cumple lo pactado, los damnificados que tienen su vivienda en terrenos de terceros no serán desalojados.
La Provincia se comprometió –mediante un acta acuerdo firmada el 9 de diciembre- a expropiar los terrenos donde los damnificados por la estafa de Cooperativa El Progreso construyeron sus viviendas. La promesa se cumplirá en 2016.
El Ministerio de Desarrollo Social, una vez finalizada la aprobación del loteo y subdivisión por parte de organismos competentes, realizará la escrituración de los lotes a través del “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales”, estipulado por la Ley Provincial Nº 9811.
El documento afirma también que, en el caso de que no se pudiesen expropiar esas tierras, el Ministerio realizará gestiones a fin de conseguir tierras aptas para lotes de carácter social.
¿Qué opinan los vecinos?
Una de las damnificadas, Julieta Machado, contó: “Estamos bastante conformes. Necesitábamos, antes de que terminará este gobierno, que se comprometieran con la firma”. En su caso particular, llegó a pagar hasta el mes de mayo de 2015 la suma de 395 mil pesos. “Como le digo a cada socio, yo no tengo ni un ladrillo pero igual voy a seguir hasta el final, peleando por este sueño que nos arrebataron, que es el de la casa propia”, graficó.
Cabe destacar que hay una cantidad de viviendas realizadas sobre terrenos de terceros, y otros casos, como el de Julieta, en el que el dinero aportado “desapareció” y que aún no tienen ni casa ni terreno.
Sobre la modalidad de la estafa nos contaba: “Todos los casos son diferentes. En el mío, ingresé en el mes de mayo de 2014 una entrega de 320 mil pesos, y luego 12 cuotas de 8 mil pesos. Yo me asocié por que la hermana de mi amiga tenía ya su vivienda, y era muy linda. Te mostraban los terrenos, vos elegías uno. En mi contrato figuraba el número de lote y manzana, es muy difícil pensar en una estafa cuando todo está a la vista”.
El problema se presentó en diciembre de 2014, cuando a algunos de los 18 socios a los que ya les habían entregado la vivienda, en Malvinas Argentinas, recibieron órdenes de desalojo. Luego de esto, en marzo de 2015, llegaron a más de 150 los grupos familiares que denunciaron que la cooperativa se había quedado con los pagos que realizaron para distintos planes de viviendas y que los terrenos que se les habían ofrecido pertenecían a terceros. El Progreso acordó con cada uno de ellas una cuota societaria en tiempo y forma (con montos que van de los 2.000 a los 400.000 pesos) para un plan de viviendas en lotes ubicados en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La principal y más urgente preocupación era saber qué sucedería con aquellas familias que ya habían construido en estos terrenos e incluso algunas viven en el lugar. El compromiso del Estado provincial deviene de las acusaciones que los mismos vecinos formularon desde un comienzo cuando señalaron que desde la Provincia no se había controlado la situación en la que operaba la Cooperativa cuyos representantes están imputados por la Justicia provincial.
Foto gentileza Cba24N
