El Gobierno provincial tomó intervención y el primer resultado para las 18 familias que estaban a punto de perder sus casas es tranquilizador: los apoyarán para evitar los desalojos ordenados por la Justicia. Este grupo es el que se encontraba en la situación más desesperante entre los más de 150 casos de aportantes y socios que denunciaron haber sido estafados en buena fe por la cooperativa El Progreso.
El compromiso del Gobierno surgió en una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Walter Saieg; de la que participaron también el secretario de Políticas Sociales, Sergio Lorenzatti y el abogador Carlos Nayi, representante de las familias afectadas, quien se mostró satisfecho por los primeros resultados del trabajo con la Provincia. En diálogo con DíaaDía.com.ar, Nayi valoró la decisión de la Provincia de constituir un equipo para darle solución al problema.
Aunque las intimaciones a dejar sus viviendas provienen de la Justicia, la Provincia se comprometió a respaldar la posición defensiva, que asegura que se trata de compradores de buena fe. Y en caso de que igual se haga el desalojo, aportará dinero para alquileres, mientras se busca una solución de fondo.
Para un segundo grupo de demandantes (unas 70 familias), que pagaron la totalidad del costo de la casa: 400 mil pesos, y no se la entregaron, se abrió la posibilidad de cubrir el costo de los alquileres, mientras se trabaja en el equipo en alguna solución para que accedan a la vivienda propia.
Un tercer grupo, integrado por otras 50 a 60 familias, que tienen pagos parciales, serán parte también del trabajo del equipo que buscará soluciones integrales.
Las 130 familias representadas por Nayi denunciaron a la cooperativa por presuntamente haberlas estafado con un plan de viviendas. La presentación penal se basa en los presuntos delitos de «defraudación por administración fraudulenta, desbaramiento de derechos acordados, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público» e incluye al intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Sergio Lorenzatti.
Las 154 familias denunciantes (podrían sumarse más) sostienen que la Cooperativa de Viviendas y Consumo «El Progreso» acordó con cada una de ellas una cuota societaria en tiempo y forma (en montos que van de los 2.000 a los 400.000 pesos) para un plan de viviendas en lotes ubicados en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
De acuerdo con la denuncia, la cooperativa «a partir de una estructura publicitaria gigantesca» se comprometió con la entrega de la vivienda terminada y en perfectas condiciones en un plazo de 18 meses.
Sin embargo, con el paso del tiempo los socios evidenciaron «graves irregularidades» entre las que se enumeran: que la cooperativa «en los «últimos cinco años sólo había entregado 28 viviendas, cuando los socios son más de 300»; que la cooperativa ofrecía «la compra de un terreno que estaba usurpado»; que «al suscribir los contratos de adjudicación del lote, algunos beneficiarios recibían el lote que le había sido asignado a otro socio», es decir que la cooperativa presuntamente adjudicaba los lotes a más de una persona; y que algunos socios «acudieron a la dirección de catastro para verificar el número de lote y manzana que les adjudicaba la cooperativa y se llevaron la sorpresa de que no eran los mismos que figuraban en la mencionada dependencia».
La denuncia es contra los integrantes de la Cooperativa «El Progreso», compuesta por Graciela Isabel Zueta (presidente); su pareja Sebastián Gavotto (secretario); y Daniela Morales (tesorera).
La semana pasada Nayi se reunió con el fiscal General Alejandro Moyano, quien este jueves instruyó al fiscal Hugo Dalma que tome la totalidad de los casos por asociación ilícita, defraudación y estafas en contra de El Progreso y de esta manera contribuir a la celeridad de la investigación.
Fuente: Dia a Dia
