La familia de un alumno de 11 años diagnosticado dentro del espectro autista presentó una denuncia penal contra la directora de la Escuela Maestro Domingo Nogal, de Monte Cristo, por una serie de situaciones que considera discriminatorias y que, según sus representantes legales, habrían terminado afectando la continuidad escolar del niño. La existencia de la denuncia está confirmada; las conductas atribuidas a la directora y las eventuales responsabilidades penales forman parte de una presentación que deberá ser evaluada por la Justicia.
El caso tomó estado público a partir de una cobertura de Telefe Córdoba, que entrevistó al abogado Mauricio Arriagada, patrocinante de la familia. La nota original puede consultarse en Telefe Córdoba.
El alumno tiene 11 años, cursa sexto grado y cuenta con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Su identidad permanece reservada por tratarse de un menor de edad.
De acuerdo con Arriagada, el niño realiza tratamientos desde aproximadamente los tres años y se encontraba en condiciones de desarrollar los contenidos correspondientes al grado que cursaba, con los apoyos necesarios para sostener su inclusión escolar.
Cómo se habría agravado el conflicto
Según el relato del abogado, el conflicto venía desarrollándose desde meses anteriores, pero habría alcanzado un punto crítico durante agosto de 2026, cuando un grupo de padres de alumnos de sexto grado realizó una protesta vinculada a la permanencia del niño en la división.
Arriagada sostuvo que durante esa manifestación algunos familiares habrían colocado carteles, realizado reclamos públicos y planteado que, si el alumno continuaba en el curso, sus propios hijos dejarían de asistir. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la parte denunciante.
Qué cuestiona la denuncia
El planteo de la familia no se limita a la protesta de otros padres. El cuestionamiento central recae sobre la actuación de la directora de la institución.
Según sostiene la denuncia, desde la conducción escolar se habrían realizado reuniones con otros padres en las que se habló de la situación del niño y se habría compartido información vinculada con su diagnóstico y su salud sin participación ni autorización de sus responsables.
Arriagada interpreta jurídicamente esas conductas como posibles incumplimientos de deberes, abuso de autoridad y vulneración de información médica o confidencial. Esas calificaciones pertenecen al abogado y a la presentación judicial y no constituyen delitos establecidos por una resolución judicial.
Otras coberturas que reproducen la posición de la familia sostienen que en esas reuniones se habría manifestado que con el niño no se podía trabajar. También afirman que esos encuentros habrían contribuido a profundizar el rechazo de algunas familias hacia el alumno. Estas circunstancias forman parte de la versión de la parte denunciante y no deben considerarse hechos judicialmente comprobados.
Acompañamiento y asistencia escolar
Otro de los puntos planteados por la familia se relaciona con las condiciones para que el alumno pudiera asistir a clases. Según Arriagada, desde la institución se habría requerido que concurriera acompañado por su acompañante terapéutica y por su docente de apoyo a la inclusión.
El abogado sostiene que la familia cumplía con esos requerimientos, pero que cuando alguno de esos apoyos no podía asistir el niño tampoco podía concurrir normalmente. La denuncia afirma que, posteriormente, esas jornadas habrían sido contabilizadas como inasistencias.
Arriagada también señaló que en determinado momento el alumno habría sido aislado en la biblioteca. Ese episodio integra el conjunto de hechos denunciados y no cuenta, por ahora, con una constatación judicial pública.
Continuidad pedagógica y permanencia en la escuela
Con el agravamiento del conflicto, el niño dejó de concurrir a clases. La familia cuestiona que se le hayan computado inasistencias y sostiene que la escuela no habría garantizado adecuadamente contenidos adaptados ni mecanismos suficientes para sostener la continuidad pedagógica desde el hogar.
El reclamo familiar apunta a que se proporcionen actividades, contenidos adaptados y condiciones que permitan sostener la trayectoria escolar mientras se resuelve el conflicto.
La madre, según explicó Arriagada, no pretende trasladar a su hijo a otra institución. La postura de la familia es que cambiarlo de escuela implicaría que el alumno terminara dejando el establecimiento como consecuencia de la situación denunciada.
Carta documento y presentación judicial
De acuerdo con el abogado, antes de llegar a la denuncia penal la familia realizó distintas presentaciones ante la institución y posteriormente envió una carta documento.
Arriagada afirmó que la respuesta habría incluido la posibilidad de efectuar presentaciones ante la Justicia de Menores y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por las inasistencias. La familia interpreta ese planteo como contradictorio con su versión de que las ausencias derivaron del propio conflicto escolar.
Según el representante legal, la causa fue puesta en conocimiento de la Justicia de Córdoba. Otras coberturas vinculadas al caso ubican la denuncia en la Fiscalía de Río Segundo. Entre las figuras mencionadas por la parte denunciante aparecen posibles incumplimientos de deberes, abuso de autoridad, amenazas y discriminación, entre otras eventuales responsabilidades que deberán ser determinadas por la Justicia.
Qué medidas solicita la familia
Además de la investigación penal, la familia reclama medidas para garantizar la escolarización del niño. Entre ellas, sus representantes mencionaron la intervención del Ministerio de Educación de Córdoba, la separación preventiva de la directora mientras se investigan los hechos, la continuidad pedagógica y una presencia policial que, según el planteo, permita evitar nuevos episodios de hostigamiento en caso de regreso del alumno.
El objetivo expresado por la familia es que el niño pueda continuar estudiando en la misma institución y en condiciones que consideren adecuadas para su inclusión.
El impacto señalado por la familia
Arriagada afirmó que la situación habría tenido un fuerte impacto emocional en el alumno y que actualmente el niño no querría regresar a la escuela.
Otra cobertura vinculada a la denuncia menciona un informe de un centro interdisciplinario aportado por la parte denunciante, en el que se describirían episodios de angustia, miedo y desregulación emocional posteriores a los acontecimientos escolares relatados. Al tratarse de documentación presentada por una de las partes, corresponde considerarla dentro del marco de la denuncia y no como una conclusión judicial.
Una discusión más amplia sobre inclusión
En una segunda instancia de la cobertura intervino la abogada Marta Lastra, vinculada a temáticas de discapacidad y autismo. Su aporte estuvo centrado en un plano general: la obligación de las instituciones educativas de adaptar prácticas y apoyos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad.
Ese enfoque no determina lo ocurrido en este caso concreto, pero aporta contexto sobre el principio de que un diagnóstico debe servir para identificar los apoyos necesarios y no para justificar la exclusión de un estudiante.
Una denuncia que todavía debe ser evaluada
La cobertura disponible hasta el momento expone principalmente la versión de la familia y de sus representantes legales. Por ese motivo, Reporte Regional mantiene en potencial las conductas atribuidas a la directora y diferencia la existencia comprobable de la denuncia de las acusaciones que deberán ser analizadas en sede judicial.
La fuente original de esta cobertura es la nota de Telefe Córdoba, publicada el 25 de septiembre de 2026.
Por tratarse de un menor de edad, Reporte Regional preserva su identidad y evita publicar datos que permitan individualizarlo.
