La historia de una de las estafas más grandes de la región no tiene un cierre definitivo. En 2015 el Gobierno se comprometió, mediante la firma de un “Acta Acuerdo”, a expropiar los lotes para evitar los desalojos. Sin embargo, los socios denuncian que todo está frenado y pusieron su esperanza en la Legislatura Provincial.
Más de 200 familias confiaron su dinero a la entidad que entregó solamente 18 casas, sin terminar, y en muy precarias condiciones. A eso se le sumó que a cinco días de adjudicadas las viviendas, les llegaba una orden de desocupación solicitada por el verdadero dueño de las tierras.
Julieta Sánchez, con quien charlamos en esta ocasión, constituye una de familias que tiene su casa construida en los lotes que la cooperativa vendía como propios, los mismos que el Gobierno prometió expropiar. Como todos los damnificados en su misma situación, la vivienda sigue teniendo problemas de documentación. A ocho meses de firmado el acuerdo y sin tener novedades, los obstáculos se suman ya que los asociados están teniendo problemas para conseguir el servicio de agua. “Embarazada de seis meses, seguía sin tener el servicio de agua” nos contaba Julieta. En su caso, pudo conseguirlo mediante la presentación de un recurso de amparo judicial.
“Si bien no tenemos todavía las escrituras, somos compradores de buena fe” explica. Un grupo de vecinos que la acompaña en la lucha decidió, tras no ver ningún avance en relación al acuerdo firmado, volver a las protestas y presentarse en la Legislatura Provincial. “Todos están teniendo problemas y estamos cansados de esperar que alguien haga algo, se han olvidado de nosotros, y las cosas siguen como antes: seguimos sin escritura, cada vez con más trabas y problemas. Incluso hay terrenos que estan siendo tomados por gente que no era asociada” explicó.
La adjudicación de los lotes a los damnificados, una promesa que se cumpliría en 2016
La Provincia se comprometió –mediante un acta acuerdo firmada el 9 de diciembre de 2015- a expropiar los terrenos donde los damnificados construyeron sus viviendas. Según el documento el Ministerio de Desarrollo Social, una vez finalizada la aprobación del loteo y subdivisión por parte de organismos competentes, realizaría la escrituración de los lotes a través del “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales”, estipulado por la Ley Provincial Nº 9811. Explica también que, en el caso de que no pudiese concretarse la expropiación, el Ministerio realizará gestiones a fin de conseguir tierras aptas para lotes de carácter social. Ese día, a la salida de la Dirección de Jurisdicción Escrituración de Viviendas Sociales con sede en el Pablo Pizzurno, los damnificados se mostraban felices con el acuerdo.
Protesta en puerta Los vecinos están decididos a retomar las acciones tendientes a una solución definitiva. Hoy, en la Unicameral, un grupo de damnificados se presentó para pedir respuestas. El integrante de “Malvinas Lucha por la Vida” y apoderado de “Malvinas Despierta” Gastón Mazzalay viene acompañando a los vecinos. “Ya contactamos a Legisladores de los distintos bloques. La idea es hacer una comisión integrada por un Legislador de cada bloque para que hagan un seguimiento del caso e instar al ejecutivo que cumpla lo que dice el «Acta acuerdo». Por el momento, ya estamos trabajando el tema con el legislador Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero” expresó.
¿La estafa casi perfecta?
Básicamente el engaño residía en vender inmuebles en terrrenos que no eran de la cooperativa. “Hicieron 6 casas que utilizaban como señuelo” explicaron los vecinos. Utilizaban, además, un gran aparato publicitario.
“Los inmuebles que han sido objeto de transacción no le pertenecían a la cooperativa, hay terrenos usurpados y lotes adjudicados simultáneamente a varias personas” explicaba el abogado Carlos Nayi en abril del 2015, momento en que vecinos realizaban una protesta frente a tribunales.
En promedio, se calcula que cada asociado entregó 50 mil pesos y que el monto de la defraudación asciende a 3,5 millones. En algunos casos, el monto entregado llegó a los 200 mil pesos, y también recibían automóviles como forma de pago, según pudimos constatar en los recibos. Así como estafó a socios, la cooperativa hizo lo suyo con proveedores, como es el caso del “Corralón El 22” a quienes quedaron debiéndole una suma cercana a 80.000 pesos.
El ex intendente de Malvinas, Daniel Arzani, quien presuntamente promocionaba los planes de vivienda de la cooperativa, se vio seriamente implicado aunque nunca se encontraron pruebas de la vinculación. En junio del 2015 se realizaron allanamientos en la municipalidad de Malvinas Argentinas y el domicilio particular del ex intendente, en el marco de la investigación por las estafas. En ese momento, en declaraciones a este medio, expresaba estar aliviado por tal resolución. “La única relación que se mantuvimos fue la de confianza, al igual que los socios. Los allanamientos no se realizaron, como se dijo, porque haya habido algún indicio de que exista otro tipo de vínculo. Del municipio solo se llevaron las carpetas de los parcelarios que corresponden a los terrenos en litigio y del domicilio particular no retiraron ningún tipo de documentación. Esto demuestra que no existe tal relación. Esperamos que con estos resultados seamos desvinculados definitivamente de la causa”. Otro funcionario público que fue “marcado” por los implicados fue Lorenzatti, ex secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales.
El inicio de “El Progreso” y sus promesas
Fue creada en 2009 y la presidenta, es sus inicios, fue Isabel Zuetta. Su marido, Sebastián Gabotto, oficiaba de secretario. Su razón de ser era la venta de planes de viviendaa de diferente tipología, principalmente en Malvinas Argentinas. “Prometían la entrega de la vivienda en 18 meses. Al abonar el 50 por ciento de la suma pautada, accedía a la posesión, y al abonar el 100 por ciento, la escritura” explicó el abogado Carlos Nayi en su momento. Según informan los vecinos, no presentaba balance desde 2009, y nunca fue controlada por el INAES.
En Monte Cristo, también hubo estafas
La localidad vecina no quedó al margen del engaño más resonante de los últimos tiempos en la zona. Los lotes prometidos en la ciudad se ubican en la calle General Paz, S/N, con una extensión de 220.000 metros cuadrados. La coooperativa “El Progreso”, mediante la firma de un contato al que tuvimos acceso, se comprometía a la compra de esos terrenos. Se estima que fueron aproximadamente diez socios los que adquirieron este plan, del cual los verdaderos propietarios de las tierras ni si quiera estaban enterados de la situación.
Medio millón en fianzas
Zueta y Gaboto estuvieron detenidos durante tres meses. “Se hipotetizó que los lotes no pertenecían a la cooperativa con lo cual, a prima facie, se indicó que existe un grado suficiente de defraudación a los aportantes de ese dinero”, explicaba el fiscal interviniente en la causa. Acusados de hechos de estafa, siguieron imputados pero salieron en libertad porque la Fiscalía consideró que no había riesgo procesal. En ese momento, abonaron 250.000 pesos de fianza cada uno. Funcionaba con sedes en el Centro y en B° Yofre de la ciudad de Córdoba, donde atendían y recibían el dinero de los adherentes.
