La provincia de Córdoba vuelve a alzar la voz contra las retenciones al sector agropecuario, en un contexto de creciente tensión económica en el interior del país. Durante el lanzamiento de la siembra de trigo en la localidad de Leones, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, reiteró el histórico reclamo cordobés y advirtió sobre el impacto negativo de este esquema fiscal no sólo para los productores, sino para toda la economía regional.
“La eliminación de las retenciones es una demanda histórica de Córdoba a todos los gobiernos nacionales”, afirmó Busso, al tiempo que subrayó que esta política perjudica no sólo a quienes producen, sino también a comerciantes, proveedores de insumos, vendedores de maquinaria y demás actores de la cadena agroindustrial.
El ministro fue contundente al describir el desgaste del campo tras más de dos décadas de esta carga impositiva: “Hay productores que entregaron un campo de 800 hectáreas en 22 años. De cada tres camiones que se producen, uno se lo lleva el Estado nacional y de eso no vuelve nada”, dijo, en clara crítica al gobierno nacional actual, que había prometido eliminar las retenciones, pero lejos de eso, terminó incrementándolas.
A pesar de esto, Busso destacó la voluntad del agro de acompañar un proceso de estabilización económica: “El campo quiere que al país le vaya bien y está haciendo un esfuerzo. Pero también es importante saber con qué recursos se logra el superávit fiscal”.
Asimismo, cuestionó que mientras sectores como la energía, el petróleo y la minería reciben beneficios y subsidios del Estado, el agro continúa siendo penalizado: “A esos sectores se los estimula y al campo, que viene aportando hace más de 20 años, se lo castiga”.
Finalmente, el funcionario pidió que se retome el compromiso asumido por Nación a principios de año: “Bajar las retenciones de manera gradual. No se puede hacer de un día para otro, pero había un plan. Hubiera sido mejor mantener lo dicho en enero y avanzar hacia retenciones cero en tres o cuatro años”.
Municipios en crisis: el aguinaldo en riesgo
En paralelo al reclamo por las retenciones, crece la preocupación en los municipios del interior ante la inminente obligación de pagar el aguinaldo de junio. Cada vez son más los intendentes que advierten que no contarán con los fondos necesarios.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, fue categórico: “Ya hicimos el máximo esfuerzo posible desde el Tesoro. Ahora el ajuste tiene que venir de provincias y municipios”. La frase encendió las alarmas en numerosas jurisdicciones, donde el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
En Córdoba, muchos intendentes ya transmitieron su preocupación al Ministerio de Gobierno provincial, aunque aún no hubo una respuesta oficial. El escenario se complica por el cambio reciente en el sistema de liquidación de impuestos coparticipables, realizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La modificación en el anticipo del Impuesto a las Ganancias, aseguran los jefes comunales, afecta directamente la liquidez para afrontar obligaciones salariales.
La situación se replica en varias provincias, especialmente en Buenos Aires, donde ya se anticipa que muchos municipios no podrán cumplir con los pagos en tiempo y forma. Cabe recordar que en Argentina hay más de 3,3 millones de trabajadores públicos, de los cuales unos 440.000 son empleados municipales.
En algunos distritos, los fondos coparticipables representan hasta el 80% del presupuesto local. Por eso, cualquier alteración en los ingresos pone en jaque la estabilidad financiera municipal.
Con un interior cada vez más presionado, tanto por el peso de las retenciones como por la merma en los recursos coparticipables, Córdoba insiste en poner en agenda un reclamo que resuena con fuerza: revisar las políticas fiscales que están comprometiendo el desarrollo de las economías regionales y la gobernabilidad local.
