Con la autoría del legislador Oscar Gonzáles de Hacemos Por Córdoba, se presentó el proyecto en la Unicameral para modificar el Código de Convivencia Ciudadana para ampliar la seguridad a personas que se desempeñan en las áreas de salud y educación tanto en el ámbito público como privado.
El legislador González explicó que en su anterior versión el Código “contemplaba algunas medidas en contra de las agresiones”, pero que estas “parecían más dirigidas a la función que a la persona”. “Lo que hay que proteger, preservar y castigar son las conductas que van en contra del personal de la salud, en contra de los educadores, sin importar donde ocurren”, señaló.
El Código de Convivencia (Ley 10.326) así modificado sanciona a quienes profieran “gritos, insultos, exhiban o hicieren exhibir carteles, imágenes o escritos que tengan contenido discriminatorio o realicen señas o ademanes capaces de turbar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir agravio a la investidura, condición sexual, buen nombre u honor”, tanto de los médicos o integrantes de los equipos de salud como del personal docente o no docente, sean o no profesionales.
De existir este tipo de delito, la personas que hostigue o agreda será destinatario de penas que serán de trabajo comunitario, multas económicas y días de arresto.
En el proyecto se aclara que la multa es de 30 mil pesos y hasta tres días de arresto como sanción a quienes actúen contra el personal a proteger. Y para quienes reincidan, la pena se duplica.
El bloque del MST-Nueva Izquierda fue el único que votó en contra del proyecto y en su Twitter la legisladora Luciana Echevarría aclaró: Hoy en la @LegislaturaCBA se trata la modificación del Código de Convivencia, un instrumento al que nos hemos opuesto desde que se aprobó en 2015, por ser una herramienta punitiva que legitima la mano dura, el abuso policial y la criminalización de la juventud.
