Se ha instalado en el país, en los últimos días nuevamente, la discusión por usurpaciones debido a la información de nuevas tomas en diferentes puntos del país, principalmente el sucedido en Villa Mascardi en las afueras de Bariloche, lo que luego fue un tema de agenda también en Buenos Aires y las repercusiones por los dichos de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, al decir que el problema de las toma de tierras no es un problema de su área.
Esta es una problemática social, un déficit de casas y el acceso a ellas; y que afecta principalmente a los pobres. Una situación histórica y crítica de los argentinos. Ante la desesperación de las familias vulnerables por la falta de un hogar, algunas recurren a la ilegalidad de toma de terrenos.
Entrevistado en Cadena 3, el fiscal del Distrito 3 Turno 7 de Córdoba, Raúl Garzón, declaró que hay constantes intentos de usurpación en Córdoba y principalmente atienden el caso de Malvinas Argentinas que registra notificaciones de esta índole.
Consultado por su labor al respecto, dijo: “Se llevan adelante algunas usurpaciones por un grupo de ocupantes, en la zona sur de la ciudad, en Malvinas Argentinas. Si bien está controlada la situación, los intentos son permanentes y es una pugna llamativa que preocupa porque presenta un problema social».
El fiscal Garzón comentó que ante estos casos, la orden va a la Policía para que actúe para la protección de la propiedad privada ante los posibles intentos de usurpación, contando que en algunos procedimientos de este tipo de hechos, se ha detenido a algunas personas.
«Vivimos en un estado de derecho», afirmó Garzón que contrapone que hay un derecho constitucional como lo es «derecho a la propiedad» y que además existe «el derecho a la vivienda, a la vida digna, a la niñez, etcétera»; ratificando que todos estos derechos «no implican la invasión de uno sobre otro. El derecho a la vivienda no implica que alguien tome la vivienda de otro», destacando que la provisión de viviendas depende de políticas de estado.
«Es en primer lugar, un problema de Seguridad, pero también de Justicia y de las áreas de Desarrollo Social y Hábitat. Es un problema complejo. Uno tiene que ser prudente y ubicar a las partes en un canal de diálogo para que el indigente tenga una salida digna. Pero es un problema que nos involucra a todos porque hay un delito», dijo el fiscal.
Garzón fue contundente al expresar que el derecho a la vivienda es legítimo e indiscutible, pero que no se puede avasallar sobre otros y que todo tiene un límite.
