El encuentro reunió a especialistas del ámbito judicial, legislativo y académico de Argentina, Inglaterra y España. La actividad abordó la importancia de utilizar una comunicación pública accesible y comprensible.
La Legislatura de Córdoba fue sede este lunes del conversatorio “El desafío del lenguaje claro en las instituciones públicas”, una jornada destinada a compartir experiencias sobre cómo construir comunicaciones estatales más accesibles para la ciudadanía.
Tal como informó la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la actividad contó con exposiciones de especialistas del Poder Judicial y del Poder Legislativo de Córdoba, además de representantes de universidades de Inglaterra y España.
Participaron el doctor Carlos Leonardo Altamirano, del Poder Judicial de Córdoba; la licenciada Renata Casabronte, del Poder Legislativo de Córdoba; el profesor Carlo Eugeni, de la Universidad de Leeds, Inglaterra; y la profesora Paula Hernández Burguete, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, España.
La jornada fue organizada por la Mesa de Inclusión y Diversidad y la Dirección de Taquígrafos de la Unicameral, en el marco de la conmemoración del Día del Taquígrafo. También participaron la secretaria Legislativa, Rebeca González; la directora general de Gestión de Datos Legislativos, Thelma Galdeano; y la coordinadora de la Mesa de Inclusión y Diversidad, Fernanda Carmona.
El encuentro se realizó en el marco del Plan de Acción de Parlamento Abierto 2025-2027, como parte de una línea institucional orientada al intercambio de buenas prácticas con otros poderes del Estado.
En Córdoba, el lenguaje claro cuenta con un marco normativo propio a partir de la Ley Provincial 10.967, sancionada en 2024. La norma promueve el uso de expresiones sencillas, párrafos breves y los tecnicismos estrictamente necesarios en la legislación, las sentencias judiciales y las comunicaciones públicas.
La iniciativa también puso en discusión el desafío de producir leyes, documentos y comunicaciones que puedan ser comprendidos por todas las personas. En ese sentido, el acceso a la información incluye la posibilidad de entender aquello que comunica el Estado.









